
En un país donde el conservadurismo es predominante y muchas propuestas de política pública se vuelven circulares, el planteamiento del fiscal general Francisco Dall’Anese de entregarles drogas sustitutas a los adictos es refrescante y sensata. Lamentablemente la conservadora presidenta electa parece decidida a no darle cabida.
La idea es muy sencilla: Los adictos son personas enfermas–aunque existe controversia en cuando a si la adicción constituye una enfermedad–que cuentan con una necesidad fisiológica de consumir ciertas sustancias y por ende sufren e infligen todo tipo de problemas sanitarios y sociales. Uno de los principales flagelos generados por los adictos de drogas es el crimen, ya que muchos, al no contar con un trabajo estable, recurren al robo (carterazo, etc.) para financiar su vicio. Esto es particularmente claro en los adictos de crack.
La propuesta de Dall’Anese, que ha sido puesta en práctica en países desarrollados (de los cuales parece que solo queremos copiar sus cargas fiscales), consiste en darles a los adictos drogas sustitutas que inicialmente cuenten con el mismo efecto que la droga original pero que, mediante la asistencia de expertos médicos, luego pueda irse reduciendo hasta, eventualmente, lograr la recuperación del adicto. Incluso se podría dar el caso de que una persona cuente con una adicción tan fuerte que sea casi imposible de recuperar, en cuyo caso no tendría problema en que se le brinde gratuitamente su dosis de droga de manera segura.
Dejemos varios puntos claros: La principal intención de la medida es sacar a los adictos del mundo criminal. Al tener acceso a su dosis diaria de narcóticos, estas personas no tendrían que robar para mantener sus adicciones, lo cual contribuye a paliar significativamente el problema de la inseguridad. Otro efecto positivo es el sanitario: en el caso de algunas drogas, como la heroína, el uso grupal de jeringas es una de las principales causas de transmisión de enfermedades como el SIDA–cuyo tratamiento luego le cuesta a la CCSS enormes cantidades de dinero. Al brindar un ambiente salubre y con supervisión médica, los adictos no correrían riesgo de contraer dichas enfermedades. Más aún, la entrega de dosis estandarizadas de drogas contribuiría a reducir el riesgo de sobredosis, las cuales son responsables por el 80% de las muertes relacionadas por el consumo de drogas.
Tercero, la medida contribuye a debilitar a las redes de narcotraficantes, aunque en muy poca medida. El grueso del problema del narcotráfico en el país no se da por consumo interno, sino porque somos parte de la ruta de trasiego que va de Colombia a Estados Unidos. Pretender que darles drogas sustitutas a los adictos costarricenses va a golpear de manera significativa a bandas criminales transnacionales es ilusorio, y no es la manera en que esta medida debería ser promovida. Sus mayores beneficios radican en los puntos que señalé anteriormente.
Naturalmente, nuestra conservadora presidenta electa se agarró del “argumento de la pomada canaria” para oponerse a la idea [El "argumento de la pomada canaria" consiste en oponerse a una propuesta porque no va a resolver todos los problemas. Ej: "la dolarización no garantiza el desarrollo económico", "darles drogas sustitutas a los adictos no acabará con el crimen", etc.]. ¿Que no acabará con la criminalidad? Pues esa no es la intención, pero sí ayudará a paliarla. ¿Que es un programa muy caro? No tan caro como los miles de millones de colones que gastamos todos los años en perseguir rateros, mantenerlos encerrados y combatir el tráfico de drogas en el país, así como darles atención médica cuando contraen enfermedades. ¿Que las bandas criminales se moveran a otras drogas y otros negocios? Pues que se muevan, por lo menos los sacamos de uno. ¿Que no se pueden legalizar todas las drogas? Costa Rica unilateralmente no puede, pero bien podría liderar a los países latinoamericanos en poner sobre el tapete una discusión hemisférica al respecto. ¿Por qué no?