En este espació esbocé hace un mes mis argumentos a favor del secreto bancario tal y como está. Fue una defensa más basada en el principio de privacidad y protección del individuo ante el poder discresional de las autoridades estatales. Sin embargo, don Humberto Pacheco, amplio conocedor de este tema, ha dedicado varias de sus columnas a cuestionar en sí la validez del señalamiento de la OCDE. En la primera se pregunta por qué Costa Rica fue incluida en la lista negra si hay otros países y territorios (colonias y ex colonias europeas, de casualidad) que cuentan con legislación bancaria y tributaria más “permisiva” que la costarricense. En la segunda columna, don Humberto indica que Costa Rica no puede ser señalado como país no cooperante cuando desde hace más de 20 años contamos con un tratado de intercambio de información tributaria con Estados Unidos.
Hoy don Humberto introduce un factor más desconcertante: ¿será que hubo un “compadre hablado” entre nuestras autoridades tributarias y la OCDE para incluir a Costa Rica en esta lista negra y así presionar por una reforma del secreto bancario? Como señala Pacheco, los hechos no sustentan la acusación realizada por la OCDE. A diferencia de lo hecho por el presidente Tabaré Vazquez de Uruguay (otro país incluido en la lista negra), nuestro gobierno no corrió a corregir a la OCDE sustentado en los hechos, sino que más bien de inmediato salió a proponer el levantamiento del secreto bancario sin intervención judicial. Además, el cuento de que la OCDE nos va a sancionar es asustar con la vaina vacía, puesto que este organismo no tiene la capacidad de imponer sanciones, solo de recomendarlas. Y el país cuyas sanciones tendrían algún peso, Estados Unidos, ha confirmado que considera a Costa Rica un “aliado serio” en el intercambio de información tributaria.
¿Por qué la OCDE acusó a Costa Rica y no a otros? ¿Por qué nuestro gobierno no corrigió a dicho organismo si los hechos lo respaldan? Todo esto huele muy feo. Sería sumamente grave si se comprueba que el gobierno manipuló a la OCDE con el fin de debilitar la figura del secreto bancario en Costa Rica. Sería una prueba evidente y clara del por qué no se puede confiar en la discresionalidad de las autoridades para la protección de la privacidad e intimidad de las personas.