Pero sí lo hay, y se sustenta en uno de los pilares de cualquier sociedad libre: la protección del individuo ante el poder discresional de las autoridades estatales. Actualmente ya existen mecanismos legales para descubrir si alguien está usando cuentas bancarias en el país para evadir impuestos. Ante la sospecha de que esto esté ocurriendo, las autoridades pueden solicitar a un juez el levantamiento del secreto bancario y éste determina, según las pruebas a disposición, si se procede o no. ¿No es este un procedimiento sensato de debido proceso? ¿No se debe proteger la intimidad de las personas a través de un filtro judicial? Resulta curioso que quienes se han manifestado en contra de tener una policía política como la DIS con capacidad de espiar a los ciudadanos sin necesidad de órdenes judiciales apoyen el levantamiento del secreto bancario sin la mediación de un juez.
Tampoco podemos obviar la Constitución Política y su artículo 24, el cual garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y a la privacidad de las comunicaciones. Cualquier excepción a dicha norma constitucional debe hacerse mediante mecanismos judiciales. Jamás se le puede entregar un cheque en blanco a las autoridades para revisar las cuentas bancarias de las personas con absoluta discresionalidad. Por eso estoy de acuerdo con las declaraciones reproducidas ayer por el ex juez Ewald Acuña en La República, quien manifestó preocupación por las implicaciones constitucionales de la reforma propuesta y señaló que “Personalmente me parece inapropiado dar un poder absoluto al Estado, sin equilibrio ni garantías para evitar abusos”. Con la Constitución Política no se juega, no importa lo que diga la OCDE.
También aquí media el principio de inocencia. Bajo las leyes bancarias costarricenses, todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario. Con los cambios propuestos, todos somos sospechosos de evasión y, por ende, somos sujetos de pesquisas hasta el tanto se pruebe que somos inocentes. Es poner los principios del Estado de Derecho patas p’arriba.
Por estas razones, me opongo rotundamente a cualquier cambio que la administración Arias pretende llevar a cabo al secreto bancario en Costa Rica.