14 de abril de 2009

En defensa del secreto bancario


El gobierno parece haber cedido ante la presión internacional para flexibilizar el secreto bancario en Costa Rica y así sacar al país de la lista negra de la OCDE de “paraísos fiscales”. La medida ha sido apoyada por sendos editoriales de La Nación, el último de los cuales señala que no hay argumento honesto posible a favor de mantener el secreto bancario tal y cual está.

Pero sí lo hay, y se sustenta en uno de los pilares de cualquier sociedad libre: la protección del individuo ante el poder discresional de las autoridades estatales. Actualmente ya existen mecanismos legales para descubrir si alguien está usando cuentas bancarias en el país para evadir impuestos. Ante la sospecha de que esto esté ocurriendo, las autoridades pueden solicitar a un juez el levantamiento del secreto bancario y éste determina, según las pruebas a disposición, si se procede o no. ¿No es este un procedimiento sensato de debido proceso? ¿No se debe proteger la intimidad de las personas a través de un filtro judicial? Resulta curioso que quienes se han manifestado en contra de tener una policía política como la DIS con capacidad de espiar a los ciudadanos sin necesidad de órdenes judiciales apoyen el levantamiento del secreto bancario sin la mediación de un juez.

Tampoco podemos obviar la Constitución Política y su artículo 24, el cual garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y a la privacidad de las comunicaciones. Cualquier excepción a dicha norma constitucional debe hacerse mediante mecanismos judiciales. Jamás se le puede entregar un cheque en blanco a las autoridades para revisar las cuentas bancarias de las personas con absoluta discresionalidad. Por eso estoy de acuerdo con las declaraciones reproducidas ayer por el ex juez Ewald Acuña en La República, quien manifestó preocupación por las implicaciones constitucionales de la reforma propuesta y señaló que “Personalmente me parece inapropiado dar un poder absoluto al Estado, sin equilibrio ni garantías para evitar abusos”. Con la Constitución Política no se juega, no importa lo que diga la OCDE.

También aquí media el principio de inocencia. Bajo las leyes bancarias costarricenses, todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario. Con los cambios propuestos, todos somos sospechosos de evasión y, por ende, somos sujetos de pesquisas hasta el tanto se pruebe que somos inocentes. Es poner los principios del Estado de Derecho patas p’arriba.

Por estas razones, me opongo rotundamente a cualquier cambio que la administración Arias pretende llevar a cabo al secreto bancario en Costa Rica.

3 comentarios:

Julio Córdoba dijo...

Juan Carlos:

Muy de acuerdo. Me llamó la atención que un diputado dijo que esta vulnerabilización permitía "proteger al país del narcotráfico".

Para controlar que no se estén legitimando capitales se debe llenar una fórmula por transacciones mayores a $10 mil. Además, las trasacciones deben estar acordes a la información que se presenta para mover la cuenta.

Ya me imagino al gobierno de turno jodiendo a los enemigos políticos -tal vez en contubernio con el Ministerio Público- y haciéndolos pasar por calvarios y linchamientos... para silenciarlos o destruirlos moralmente.

Creo que los capos políticos que una vez quisieron crear una ley que permitiera a Hacienda congelar fondos y otras yerbas, basados en que "todos debemos contribuir", están viendo en la OCDE la oportunidad para equipararse a un juez de la república, sin serlo.

JP Zuniga dijo...

Juan Carlos,
Hace 10 años recién graduado me incorporé como profesional libre en Tributación Directa.
Apenas trabajé como profesional libre unos meses y después de eso me hice asalariado. Nunca me des-inscribí y seguí presentando los reportes de ingresos en cero. En el año 2002 me compré un automóvil de agencia, lo pagué con mis ahorros. Mi sorpresa fue que en el 2004 me llegó una carta del Ministerio de Hacienda diciendo que les debía millones de colones en impuestos no pagados. Se basaron en la compra del carro y las declaraciones en cero para decir que yo había mentido. Y tal y como sucede con la CCSS, uno es culpable hasta demostrar lo contrario.
Si abren las cuentas bancarias a Hacienda, ya me veo en otro pleito de estos. Usted es culpable por tener ahorros y reportar tan poco ganancias.
Ni qué decir que los que somos ordenados y tenemos ahorros ahora seremos sospechosos de lavado.
Supongo que el gobierno quiere que vivamos como ellos, con déficit y a puras deudas.

José Cardona dijo...

sobre el tema el art de opinión de hoy a mi me gustó.

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/abril/16/opinion1935387.html